En Venezuela, se ha observado un aumento en las denuncias falsas de invasión de inmuebles contra arrendatarios, debido a la actuación de abogados sin escrúpulos que, a pesar de la existencia de contratos de arrendamiento que legitiman la posesión de los arrendatarios, promueven denuncias infundadas por parte de los arrendadores. Esta situación se ve agravada por la complicidad de los órganos judiciales estatales, como la Fiscalía y los jueces (casos puntuales. vid. TSJ, SC, 06-02/2024, Exp. N° 23-0968), que han imputado a los arrendatarios del delito de invasión de propiedad a pesar de conocer la existencia de un fraude procesal y un abuso del sistema judicial.
Sin embargo, es alentador saber que en un reciente caso de denuncia falsa de invasión de inmueble, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia intervino de oficio en el expediente N° 23-0968, con fecha de sentencia del 06 de febrero de 2024, dictaminando lo siguiente: 1.- El sobreseimiento de la causa y la declaración de nulidad de los actos judiciales previos. 2.- Ordenó a la Secretaría de la Sala remitir copia certificada del fallo al Fiscal General de la República para que tome conocimiento de la decisión y realice las investigaciones pertinentes ante la presunta comisión de hechos punibles y faltas disciplinarias (en el caso del fiscal de esta causa). 3.- La Sala decretó un «Error Judicial Inexcusable» por parte de la jueza a cargo del Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control, y ordenó remitir copia certificada de la decisión a diferentes autoridades y entidades (Ministerio Público, la Comisión Judicial, la Inspectoría General de Tribunales y al Colegio de Abogados de Caracas) para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes y tomen las acciones penales y disciplinarias correspondientes contra la mencionada jueza. 4.- La decisión también subrayó principios fundamentales como el de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, destacando la función del derecho penal de proteger la convivencia humana y condenando la participación de los jueces en casos de «Terrorismo Judicial«, lo cual perjudica gravemente al sistema de justicia.
Esta sentencia demuestra la capacidad de la Sala Constitucional para intervenir en casos en los que se detectan irregularidades significativas que afectan el derecho a la justicia y el debido proceso, reafirmando su papel como garante de los derechos constitucionales y legales en Venezuela.
Además de la sentencia previamente mencionada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado anteriormente sobre denuncias falsas de invasión de inmuebles, como se refleja en las siguientes sentencias:
- Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 29/09/2023, expediente: 23-0968En esta sentencia, se menciona la denuncia falsa realizada por un ciudadano ante la Sub Delegación Santa Mónica del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC) sobre la invasión de inmuebles que, en realidad, han sido poseídos de manera legítima en condición de arrendatarias por 13 y 23 años. Este caso ilustra una situación donde se intentó utilizar el mecanismo de denuncia de invasión de forma indebida contra arrendatarios que contaban con una posesión legítima de los inmuebles.
- Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 28/04/2023, expediente: 22-0384Esta sentencia aborda una investigación iniciada por la presunta comisión de los delitos de invasión y agavillamiento, basada en la afirmación de un denunciante de que ciertos apartamentos estaban invadidos por personas desconocidas que no poseían contrato de arrendamiento. Los apartamentos en cuestión eran ocupados en calidad de arrendatarios por los representados del denunciante en el edificio «CORI», ubicado en Caracas. Este caso refleja cómo se puede generar una controversia legal a partir de la afirmación de una invasión que implica a arrendatarios legítimos.
Estos casos subrayan la importancia de realizar denuncias con base en hechos verídicos y la necesidad de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva antes de proceder con acciones legales. La protección de los derechos de los arrendatarios legítimos frente a denuncias falsas es crucial para garantizar la justicia y el respeto a la propiedad y la posesión legítima en Venezuela.
Estrategias de defensa de los inquilinos ante una denuncia falsa por invasión de inmueble
Ante una denuncia falsa por invasión de un inmueble arrendado, los inquilinos deben considerar varias estrategias de defensa para proteger sus derechos y demostrar la legitimidad de su ocupación del inmueble.
1.-No Ceder ante Intimidaciones: No es aconsejable asustarse ni dejarse intimidar con posibles imputaciones por parte del Ministerio Público basadas en denuncias falsas. La ley ofrece protecciones contra acusaciones infundadas, y el inquilino tiene derecho a defenderse.
2.- Mantener la Calma y Cooperar con las Autoridades: Si el Ministerio Público inicia una investigación, es importante mantener la calma y cooperar plenamente. Presentar la documentación y evidencia que respalde la legalidad de la ocupación del inmueble y seguir las indicaciones de su abogado.
3.-Presentación de Documentación: Los inquilinos deben presentar toda la documentación que acredite su derecho legítimo sobre el inmueble, incluyendo contratos de arrendamiento, recibos de pago, y cualquier otro documento que demuestre la legalidad de su ocupación.
4.-Testimonios y Pruebas Adicionales: Recopilar testimonios de testigos y cualquier otra prueba que pueda demostrar la falsedad de la denuncia y la legalidad de la ocupación del inmueble por parte de los inquilinos.
5.-Denuncia por Actuación Maliciosa: Considerar la posibilidad de denunciar al arrendador denunciante por actuar de manera falsa y maliciosa, como se menciona en las sentencias revisadas. Esto podría incluir la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por la formulación de acusaciones sin fundamento.
6.-Defensa Legal Especializada: Es fundamental contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho penal y derecho arrendaticio que pueda diseñar una estrategia de defensa adecuada, basada en la legislación y jurisprudencia aplicables.
7.-Invocar Principios Constitucionales: Utilizar principios constitucionales como el derecho a la defensa y el debido proceso (Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) para argumentar en contra de la denuncia y cualquier procedimiento que no respete estos derechos fundamentales.
8.- Análisis Jurisprudencial: Analizar y citar jurisprudencia relevante que haya abordado casos similares de denuncias falsas por invasión, para apoyar la defensa y demostrar la improcedencia de la acusación.
Es importante actuar de manera proactiva y documentar exhaustivamente todas las acciones y comunicaciones relacionadas con el caso, para tener un registro detallado que pueda ser utilizado en la defensa.
Bases legales de los arrendatarios para defenderse y proteger sus derechos ante una denuncia falsa por invasión de inmueble
Las bases legales de los arrendatarios para defenderse y proteger sus derechos en Venezuela que enfrentan desalojos basados en denuncias falsas por invasión, tienen varias bases legales para defenderse y proteger sus derechos. A continuación, se detallan algunas de estas bases legales y principios que pueden ser invocados en su defensa:
- El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39668 de fecha 6 de mayo de 2011. Este decreto es una herramienta clave para los arrendatarios que enfrentan desalojos basados en denuncias falsas por invasión u otras razones injustificadas.
- Artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este artículo consagra el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. Los arrendatarios pueden argumentar que un desalojo basado en una denuncia falsa por invasión vulnera su derecho constitucional a la vivienda, especialmente si no se han garantizado las correspondientes provisiones de refugio temporal o soluciones habitacionales definitivas.
- Principios de Debido Proceso y Defensa. Los arrendatarios pueden invocar el principio de debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en la Constitución y en el Código de Procedimiento Civil, para asegurar que cualquier procedimiento de desalojo se realice de manera justa, transparente y con la debida oportunidad de ser escuchados y presentar pruebas en su defensa.
Recuerda que, en casos como este, tener una representación legal experta será fundamental. Si necesitas más información o asesoramiento, estaré encantado de ayudarte en lo que necesites.